La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado día 8 de marzo de 2018, incluye, dentro del sistema de valoración de las licitaciones, requisitos que forman parte de la gestión ética y socialmente responsable de las empresas (#RSC, #RSE), tales como:
«La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus condiciones.
Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética y a la utilización de energía procedentes de fuentes renovables durante la ejecución del contrato; y al mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes finalidades: al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato».
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Spanish Law 9/2017, of November 8, on Public Sector Contracts, which entered into force on March 8, 2018, includes, within the tender assessment system, requirements that are part of the ethical and socially responsible management of companies (#CSR), such as:
«Quality, including technical value, aesthetic and functional characteristics, accessibility, universal design or design for all users, social, environmental and innovative characteristics, and marketing and its conditions.
The environmental characteristics may refer, among others, to the reduction of the emission level of greenhouse gases; the use of energy saving and efficiency measures and the use of energy from renewable sources during the execution of the contract; and the maintenance or improvement of natural resources that may be affected by the execution of the contract.
The social characteristics of the contract will refer, among others, to the following purposes: to promote the social integration of people with disabilities, disadvantaged people or members of vulnerable groups among the people assigned to the execution of the contract and, in general, the insertion socio-laboral of people with disabilities or in situation or risk of social exclusion; subcontracting with Special Employment Centers or Insertion Companies; the gender equality plans that are applied in the execution of the contract and, in general, the equality between women and men; the promotion of female hiring; the reconciliation of work, personal and family life; the improvement of working and salary conditions; stability in employment; the hiring of a greater number of people for the execution of the contract; training and protection of health and safety at work; the application of ethical and social responsibility criteria to contractual provision; or the criteria referring to the supply or use of products based on fair trade during the execution of the contract «.
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